Ya se está exigiendo a las bibliotecas el pago del canon, incluso con efectos retroactivos

Al menos en los ayuntamientos gallegos. Así se recoge en la noticia de La Voz de Galicia. Es de temer que algo similar este sucediendo en el resto de municipios españoles:

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Exigen a los concellos el canon de bibliotecas desde el año 2009

La asociación de bibliotecas públicas insta a la Administración a que no se pliegue a los intereses de las entidades privadas

MARÍA CUADRADO

Viveiro / La Voz  06 de enero de 2015 

En los concellos reciben estos días las cartas que remiten Cedro, DAMA, SGAE y Vegap -entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual de autores de textos, musicales, visuales y audiovisuales- en las que les reclaman el pago por el préstamo de obras en bibliotecas, archivos y otras instituciones. Este nuevo paso ha vuelto a poner en alerta a la Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipais de Galicia, que se opusieron desde el principio al real decreto, del pasado 1 de agosto, que desarrolla el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras. Desde el colectivo alertan que, además de las cantidades correspondientes al 2014, estas entidades de gestión también exigen a los ayuntamientos que satisfagan el canon con carácter retroactivo y desde el año 2009.

Desde la asociación, que preside la mariñana María Jesús Álvarez, solicitan la derogación o modificación del decreto para declarar exentas de este pago a las bibliotecas públicas, «xa que a directiva europea á que tanto se aferran permite aos Estados membros eximir do pago do canon a entidades de utilidade pública». Así, instan a la Administración a que «non se pregue» a los intereses de estas entidades privadas: «Non se pode pagar un canon a unha entidade que non sabemos a quen representa, nin o que paga aos seus autores…». Abogan incluso por que sea la propia Administración a través de una licencia nacional con fondos estatales la que se haga cargo de la remuneración, a la vez que demandan una moratoria en la aplicación del decreto que, dicen, pone en grave riesgo el futuro de las bibliotecas, que se verían obligadas a dedicar sus presupuestos a abonar el canon y no podrían renovar sus fondos o atender otras necesidades urgentes’.

 

Cinismo del PSOE: aprueba la ley del préstamo de pago en las bibliotecas y rechaza el reglamento que la desarrolla

Hay noticias que aún sorprenden mucho a Bibliotecaria Sin Tijeras. Por ejemplo la de que ‘El PSOE pide explicaciones por el nuevo canon de las bibliotecas‘. Las explicaciones se las deberían pedir a su propio partido que gobernaba España en el año 2007 cuando se aprobó la Ley de Bibliotecas que creaba el ignominioso canon por préstamo bibliotecario:

“Los titulares de estos establecimientos [bibliotecas y otros centros] remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”.

Lo que ha hecho este verano el Partido Popular es promulgar ese Real Decreto del que hablaba la ley aprobada por el PSOE. Como en otros tantos casos entre los grandes partidos se lo guisan y se lo comen. Y luego juegan a pelearse entre ellos por si alguien aún se lo cree.

Aunque la verdad es que BST tampoco debía de sorprenderse tanto de esta postura. Sobre todo viniendo del PSOE de La Coruña que privatizaron la mitad de las bibliotecas de su ciudad cuando gobernaban allí y que encima defendían -con argumentos propios de Esperanza Aguirre- que no lo habían hecho:

Ver: ‘¿Estan privatizadas o no las bibliotecas de la Coruña?

Esta es la noticia de La Voz de A Coruña :

PPSOE

‘A CORUÑA

El PSOE pide explicaciones por el nuevo canon de las bibliotecas

Los socialistas se preguntan de dónde saldrán los fondos para hacer frente a ese gasto

Los socialistas coruñeses criticaron la probación, por parte del Gobierno, del decreto que establecerá un canon a las bibliotecas para pagar a los autores. La norma, de ámbito estatal, excluye solo a los centros vinculados a la docencia y a los de municipios con menos de 5.000 habitantes. Los pagos se harán, dicen desde el PSOE, teniendo en cuenta el número de obras que hayan sido objeto de préstamo y el número de usuarios. En A Coruña hay más de 80.000 socios y hubo el año pasado 423.000 préstamos. Para los socialistas, tales datos encienden todas las alarmas en la ciudad, y preguntan al gobierno local si conoce la cantidad que habrá que pagar en el 2016, cuando entre en vigor, y si los fondos saldrán de los asignados a las bibliotecas o se ampliarán estos para hacer frente a esas partidas. También quieren saber si el alcalde se han planteado unirse a la campaña puesta en marcha en Castilla La Mancha contra ese decreto’.

 

¿Quién vale para trabajar en una biblioteca? Cualquiera para el alcalde de Celanova (Ourense)

Vía RecBib ha visto, BST, esta noticia  de La Voz de Galicia, que indica que poco prestigio puede tener nuestra profesión bibliotecaria para algunos alcaldes con ‘imaginación’:

Celanova

‘Policía y bibliotecario en Celanova

El Concello recurrió a un agente en segunda actividad para atender el centro de lectura

MAITE RODRÍGUEZ

OURENSE / LA VOZ  08 de junio de 2014

Ante las limitaciones impuestas por el Estado para contratar personal, algunas administraciones municipales le echan imaginación o intentar exprimir al máximo los recursos de plantilla con los que cuentan. El Concello de Celanova, que se quedó sin bibliotecaria, ha optado por situar al frente del recinto de lectura a un policía municipal que, por su edad, había solicitado la segunda actividad.

Después de 38 años de servicio en la Policía Local de Celanova, posiblemente José Manuel Bugallo, que desde el pasado martes es el encargado de mantener abierta la biblioteca municipal seis horas por la mañana (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas) , no contaba con continuar su vida laboral como bibliotecario, pero es la función que le asignó el alcalde José Luis Ferro después de su reincorporación tras 17 meses de baja debido a una lesión de rodilla. Después de recorrer las calles de la villa durante tantos años y afrontar las situaciones típicas -más o menos conflictivas, según el caso- de un policía local, ahora tiene un trabajo del que destaca «la tranquilidad». Un grupo de estudiantes aprovechan la luminosa sala ubicada en el auditorio Ilduara para estudiar en silencio. La biblioteca municipal, no muy amplia en fondos bibliográficos, sí que invita a la lectura y al estudio y es aprovechada por los estudiantes para preparar los exámenes de fin de curso.

Del servicio de préstamo o intercambio con otros centros, el policía-bibliotecario todavía no ha recibido instrucciones. Lleva pocos días y supone que este destino será temporal, hasta que se contrate una persona específica para el puesto. Pero tras volver en segunda actividad, el alcalde le dijo «esto es lo que hay», según explicó el regidor tras una pregunta de la portavoz del PSOE en el último pleno’.

 

Oferta de trabajo para las bibliotecas privatizadas de Vigo

Viendo esta oferta de trabajo, BST, confirma que las bibliotecas de Vigo son otra más de las bibliotecas públicas que han caído en la  fea práctica de la externalización / privatización:

[Alentis es la compañía especialista en la gestión de soluciones a las empresas que deciden externalizar sus servicios].

“Alentis es la compañía especialista en la gestión de soluciones a las empresas que deciden externalizar sus servicios”. Fuente, web de la empresa.

Trabajo – Auxiliares Bibliotecarios – Vigo

por José María Ortuño — Última modificación 02/10/2013 21:16

02-10-2013 – ALENTIS

[Alentis es la compañía especialista en la gestión de soluciones a las empresas que deciden externalizar sus servicios].

Descripción

  • Auxiliares Bibliotecarios
  • Categoría Cultura, Ocio y Deporte (Cultura)
  • Vigo (Pontevedra)
  • Vacantes 2
  • Para biblioteca en Vigo seleccionamos para próxima contratación, a Auxiliares Bibliotecarios de acuerdo con los siguientes requisitos:
    – Formación y /o experiencia de al menos un año en trabajo con población infantil
    – Conocimientos a nivel de usuario práctico de Blogs, Wikis, marcadores sociales, radiodifusión de contenidos, manejo de redes sociales: Facebook, Twenty; repositorios de información on line como Picasa, Youtube, Office o similar
    – Dominio oral y escrito de idioma Gallego acreditable con certificación de Lingua Galega Celga 4

Se requiere

  • Diplomatura, Arquitectura técnica, Ingeniería técnica
  • Especialidad de Biblioteconomía y Documentación
  • Experiencia: Entre 1 y 3 años
  • […]

Se ofrece

  • Contrato: Obra y servicio

Jornada: Jornada completa’

Los archiveros gallegos consiguen que Feijóo tenga que rectificar su explicación de que se habían destruido los documentos que le relacionan con el narco Dorado.

No es habitual que los archiveros intervengan en un caso de corrupción política. Pero el caso es que acorralado por las fotos que le relacionaban con el narcotraficante Dorado, el presidente gallego Feijóo dijo que toda la documentación de 10 años atrás se había destruido totalmente. Por supuesto que los archiveros gallegos protestaron por tal despropósito. Y algo consiguieron puesto que en la última sesión del Parlamento de Galicia, Feijóo tuvo que rectificar sus palabras de que se habían destruido los documentos.

Dorado

Esta fue la respuesta que dió en Anabad-Galicia, Pedro López Gómez, Catedrático de Biblioteconomía y Documentación:

Dorado, el Presidente y los documentos de la Xunta de Galicia

Publicado o 20/05/2013 por Anabad Galicia

En relación coas novas publicadas sobre destrucción de documentos na administración autonómica Pedro López Gómez expón o seu punto de vista:

A través de la prensa y la televisión, nos hemos enterado de la intervención en el Parlamento de Galicia del Presidente de la Xunta, el 15 de mayo, y de sus afirmaciones sobre la imposibilidad de presentar los contratos del gobierno gallego con las empresas de Marcial Dorado, con anterioridad al 2003, debido a que cada 10 años se destruye la documentación pública de este carácter.

Intervenciones posteriores del Secretario Xeral Técnico de Sanidade, el 16 de mayo, nos dicen que no es exactamente así, que hay una parte de la información que aún se conserva, pero que ni la consellería ni el SERGAS suscribieron nunca ningún contrato ni operación contable con las empresas de Dorado, y que además resulta imposible trasladar la documentación de los contratos de suministros energéticos, combustibles e informáticos, entre 1992 y 1998, porque se trata de un volumen desproporcionado.

Estas declaraciones nos hubieran sonrojado, si no estuviéramos ya tan acostumbrados a despropósitos similares en boca de nuestros dirigentes políticos. Tanto si es verdad lo que afirman el presidente o el secretario de la consellería, como si no lo es, la conclusión que se desprende nos habla tanto de la ignorancia de sus asesores, como del abandono en que se encuentra nuestro patrimonio documental, como ya sugeríamos con motivo de robo del Calixtino.

Porque evidentemente el Presidente no puede saber de todo, aunque algo debiera saber, por sus estudios, de documentos administrativos, y del proceso administrativo que implica que los expedientes tramitados deber ir a parar a un archivo, donde se custodiarán mientras sus valores (administrativos, jurídicos, fiscales, etc.) así lo exijan, antes de desembocar en un archivo histórico, o ser eliminados si dichos valores han desaparecido entre tanto y no se les reconoce interés de información para la investigación histórica…

Evidentemente, el Presidente no puede saber de todo. Y por eso tiene asesores, que en este caso no parecen muy bien informados. En cambio tiene archiveros, pocos pero buenos, incluso los de reciente ingreso, como Toño Fernández, que seguramente le habrían informado adecuadamente sobre el tema. Porque lo que afirmaba el Presidente apunta a un delito grave: la destrucción indiscriminada de elementos pertenecientes al patrimonio documental de Galicia, en un plazo que no sabemos quien ha establecido, y al margen de las posibles recomendaciones de una Comisión de Valoración, que no las ha podido dar, porque tal comisión no se ha puesto a funcionar.

Y si se habla de delito, habría que preguntarse qué medidas va a tomar el conselleiro de Cultura, de quien dependen los archivos de la Xunta, la propia Presidencia, o los fiscales, ante tamaña agresión a un bien público.

Pero vamos a aceptar que el Presidente, asesorado erróneamente, dijo algo que no era cierto, lo que ya es grave. Vamos a aceptar la versión del Secretario xeral del Sergas: que es imposible proporcionar información sobre los miles de expedientes de contratación de los años solicitados. Entonces, el Sergas, que es una de las organizaciones públicas que más dinero mueve en este país,¿no tiene organizados sus archivos? ¿cómo se identifican sus expedientes? ¿no están clasificados? ¿no están descritos? ¿sus inventarios no están informatizados? Ya sabemos que no, pero vamos a fingir que nos escandalizamos, porque es nuestra obligación, como profesionales y como ciudadanos escandalizarnos ante semejante despropósito. Y por favor, no confundamos su archivo administrativo con los archivos de historias clínicas, cuya destrucción parcial y accidental,  en los casos en que no son de uso cotidiano, nos sobresalta periódicamente.

Pero no es sólo el Sergas, son la consellerías, en su mayoría, las que no disponen de un archivo que sea tal y no un mero almacén, servido por profesionales especializados y competentes a los que tradicionalmente se ha denominado “archiveros”. Recordemos los kilómetros de documentos públicos que se reparten en todo Santiago sin un control adecuado, porque año tras año, administración tras administración, se va difiriendo la aprobación de una ley referente al sistema archivístico de Galicia y a su patrimonio documental, que mientras tanto sigue, cuando no está controlado en los escasos archivos públicos existentes, manga por hombro.

Y esta es una responsabilidad evidente de la Presidencia de la Xunta, de las consellerías correspondientes, del Parlamento, y también de los agentes sociales, para quienes los documentos públicos sólo interesan en momentos puntuales en que hay que sacarlos a relucir, cuando su adecuada custodia y salvaguarda es una exigencia que incumbiría a todos, pues son soportes para la defensa de los derechos y deberes de las administraciones y de los ciudadanos, y una necesidad para la construcción de la memoria colectiva a través de los estudios históricos que se realicen.

Todo esto es un dolor. ¡Hasta cuando la ley de archivos de Galicia…!

Pedro López Gómez
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación’