¿En qué se parece un archivero a un barrendero de Madrid?

La respuesta nos la da Petra López en su demoledor correo enviado a Iwetel:

‘[IWETEL] En qué me parezco a un barrendero

Como ya sabéis, los barrenderos de Madrid están en huelga para exigir la retirada de los ERE y evitar la bajada de sus salarios, así como para evitar la supresión de otros derechos. La situación viene motivada por la adjudicación del contrato del servicio de limpieza viaria  a un precio que apenas cubría los gastos de personal incurriendo casi en la denominada” bajada temeraria”

Madrid--hecha-un-asco

Desde hace tres o cuatro años, con el inicio y auge de la crisis,  la mayoría de los concursos públicos (incluidos los relacionados con la gestión de archivos), se publican con  un  único criterio de adjudicación, el precio.  En unos concursos en los que el 90% de los gastos son de personal, esto implica que prácticamente la única reducción de costes, sea la reducción de salarios.

Con el primer concurso público de este tipo de la Comunidad de Madrid, los archiveros pasaron a cobrar una media de 350 € mensuales menos.

La última administración en subirse a este carro, ha sido el Ministerio de Defensa, que publicó un concurso el 30 de octubre pasado, para la “identificación, organización y descripción de documentos de archivo en archivos y centros del sistema archivístico de la defensa”. El proyecto recoge la contratación de 7 archiveros durante un año y el presupuesto base de licitación (sin incluir IVA) es de 115.700 euros.

Cualquiera que sepa utilizar una calculadora puede realizar los cálculos.  Se empieza a descontar de este presupuesto  los gastos (cerca de 10.000 euros distribuidos en anuncio en el BOE, material, garantía provisional, financiación de nóminas…) y una bajada del 10% (mínima para competir entre las empresas). Tras este descuento se podrá observar que el dinero destinado a los trabajadores (nóminas y seguridad social) es de aproximadamente 94.000 euros. Si lo dividimos entre 7 personas un año, el dinero destinado al trabajador es de 1.260 euros/mes, y descontando la seguridad social, el salario sería de  794 euros (brutos al mes). Todo esto, sin sumar ningún tipo de beneficio para la empresa (que se va a convertir con el paso del tiempo en una ONG). ¿Quién es el responsable de esta situación y estos sueldos, las empresas o la propia Administración?

La diferencia con los barrenderos es que finalmente la alcaldesa se sentará a negociar con las empresas, los sindicatos o los trabajadores mientras que en muchas de las empresas que se dedican a proyectos de gestión documental, no hay sindicatos que ayuden. Por  otra parte, que nosotros dejemos de “organizar papeles”, no tiene ningún impacto social (la mayor parte de la población no sabe ni qué es un archivero). Además, no olvidemos que  las “cúpulas directivas” de las distintas asociaciones profesionales de archiveros, están formadas en su mayor parte por funcionarios,  que,  además,  son los encargados de la adjudicación de dichos proyectos, demostrando estar alejados no sólo de la realidad, sino de  las cuitas del resto de profesionales del sector al que en ocasiones dicen representar’.

Los archiveros gallegos consiguen que Feijóo tenga que rectificar su explicación de que se habían destruido los documentos que le relacionan con el narco Dorado.

No es habitual que los archiveros intervengan en un caso de corrupción política. Pero el caso es que acorralado por las fotos que le relacionaban con el narcotraficante Dorado, el presidente gallego Feijóo dijo que toda la documentación de 10 años atrás se había destruido totalmente. Por supuesto que los archiveros gallegos protestaron por tal despropósito. Y algo consiguieron puesto que en la última sesión del Parlamento de Galicia, Feijóo tuvo que rectificar sus palabras de que se habían destruido los documentos.

Dorado

Esta fue la respuesta que dió en Anabad-Galicia, Pedro López Gómez, Catedrático de Biblioteconomía y Documentación:

Dorado, el Presidente y los documentos de la Xunta de Galicia

Publicado o 20/05/2013 por Anabad Galicia

En relación coas novas publicadas sobre destrucción de documentos na administración autonómica Pedro López Gómez expón o seu punto de vista:

A través de la prensa y la televisión, nos hemos enterado de la intervención en el Parlamento de Galicia del Presidente de la Xunta, el 15 de mayo, y de sus afirmaciones sobre la imposibilidad de presentar los contratos del gobierno gallego con las empresas de Marcial Dorado, con anterioridad al 2003, debido a que cada 10 años se destruye la documentación pública de este carácter.

Intervenciones posteriores del Secretario Xeral Técnico de Sanidade, el 16 de mayo, nos dicen que no es exactamente así, que hay una parte de la información que aún se conserva, pero que ni la consellería ni el SERGAS suscribieron nunca ningún contrato ni operación contable con las empresas de Dorado, y que además resulta imposible trasladar la documentación de los contratos de suministros energéticos, combustibles e informáticos, entre 1992 y 1998, porque se trata de un volumen desproporcionado.

Estas declaraciones nos hubieran sonrojado, si no estuviéramos ya tan acostumbrados a despropósitos similares en boca de nuestros dirigentes políticos. Tanto si es verdad lo que afirman el presidente o el secretario de la consellería, como si no lo es, la conclusión que se desprende nos habla tanto de la ignorancia de sus asesores, como del abandono en que se encuentra nuestro patrimonio documental, como ya sugeríamos con motivo de robo del Calixtino.

Porque evidentemente el Presidente no puede saber de todo, aunque algo debiera saber, por sus estudios, de documentos administrativos, y del proceso administrativo que implica que los expedientes tramitados deber ir a parar a un archivo, donde se custodiarán mientras sus valores (administrativos, jurídicos, fiscales, etc.) así lo exijan, antes de desembocar en un archivo histórico, o ser eliminados si dichos valores han desaparecido entre tanto y no se les reconoce interés de información para la investigación histórica…

Evidentemente, el Presidente no puede saber de todo. Y por eso tiene asesores, que en este caso no parecen muy bien informados. En cambio tiene archiveros, pocos pero buenos, incluso los de reciente ingreso, como Toño Fernández, que seguramente le habrían informado adecuadamente sobre el tema. Porque lo que afirmaba el Presidente apunta a un delito grave: la destrucción indiscriminada de elementos pertenecientes al patrimonio documental de Galicia, en un plazo que no sabemos quien ha establecido, y al margen de las posibles recomendaciones de una Comisión de Valoración, que no las ha podido dar, porque tal comisión no se ha puesto a funcionar.

Y si se habla de delito, habría que preguntarse qué medidas va a tomar el conselleiro de Cultura, de quien dependen los archivos de la Xunta, la propia Presidencia, o los fiscales, ante tamaña agresión a un bien público.

Pero vamos a aceptar que el Presidente, asesorado erróneamente, dijo algo que no era cierto, lo que ya es grave. Vamos a aceptar la versión del Secretario xeral del Sergas: que es imposible proporcionar información sobre los miles de expedientes de contratación de los años solicitados. Entonces, el Sergas, que es una de las organizaciones públicas que más dinero mueve en este país,¿no tiene organizados sus archivos? ¿cómo se identifican sus expedientes? ¿no están clasificados? ¿no están descritos? ¿sus inventarios no están informatizados? Ya sabemos que no, pero vamos a fingir que nos escandalizamos, porque es nuestra obligación, como profesionales y como ciudadanos escandalizarnos ante semejante despropósito. Y por favor, no confundamos su archivo administrativo con los archivos de historias clínicas, cuya destrucción parcial y accidental,  en los casos en que no son de uso cotidiano, nos sobresalta periódicamente.

Pero no es sólo el Sergas, son la consellerías, en su mayoría, las que no disponen de un archivo que sea tal y no un mero almacén, servido por profesionales especializados y competentes a los que tradicionalmente se ha denominado “archiveros”. Recordemos los kilómetros de documentos públicos que se reparten en todo Santiago sin un control adecuado, porque año tras año, administración tras administración, se va difiriendo la aprobación de una ley referente al sistema archivístico de Galicia y a su patrimonio documental, que mientras tanto sigue, cuando no está controlado en los escasos archivos públicos existentes, manga por hombro.

Y esta es una responsabilidad evidente de la Presidencia de la Xunta, de las consellerías correspondientes, del Parlamento, y también de los agentes sociales, para quienes los documentos públicos sólo interesan en momentos puntuales en que hay que sacarlos a relucir, cuando su adecuada custodia y salvaguarda es una exigencia que incumbiría a todos, pues son soportes para la defensa de los derechos y deberes de las administraciones y de los ciudadanos, y una necesidad para la construcción de la memoria colectiva a través de los estudios históricos que se realicen.

Todo esto es un dolor. ¡Hasta cuando la ley de archivos de Galicia…!

Pedro López Gómez
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación’

 

 

Encuentro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid

De nuevo se va a realizar un encuentro del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid:

Encuentro de archivos municipales

Compartiendo iniciativas de gestión electrónica

Viernes, 23 de noviembre de 2012 

Lugar:  Centro Cultural «Conde Duque«. Madrid

       09:30 h: Registro

      09:45 h: Apertura institucional

      10:00 h: Mesa 1: Modelos de soluciones para la tramitación electrónica de expedientes

Moderador:

·      Alfonso Ruiz Cagigal. Archivero Municipal de Pozuelo de Alarcón

Ponentes:

·       ORACLE

·       T-SYSTEMS

      11:00 h : Pausa Café.

      11. 30 h: Mesa 2: El lugar del archivo en las plataformas de gestión electrónica.  Experiencias

Moderador:

·         Carmen Guardia Peragón. Archivera Municipal de Algete

Ponentes:

·       Jesús García Rodríguez. Jefe de Modernización del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

·       Valentín Pérez Almarza. Jefe de Organización y Calidad del Ayuntamiento de Leganés

·       Carmen Cubero Carabantes . Archivera Municipal de Parla

·       Julio Cerdá Díaz. Archivero Municipal de Arganda del Rey

      12. 30 h: Mesa 3:  Grupo de trabajo:  Catálogo de tipos documentales para la administración electrónica

Moderador:

·        Ana Luzón García. Archivera Municipal de El Escorial

Ponentes:

·       Isabel Seco Campos. Archivera Municipal de Getafe

·       Magdalena Merlos Romero. Archivera Municipal de Aranjuez

·       Pilar Baleriola Bassadone. Archivera del Ayuntamiento de Madrid

·       Eugenio Villarreal Mascaraque. Archivero Municipal de Leganés

 

  13. 15 h:  Conferencia de clausura: El archivo electrónico, la ley 11/2007 y el software libre

           ·       Manuel Velardo Pacheco. Director de Operaciones del CENATIC

 

        14:00 h: Fin del encuentro ‘

Inscripción gratuita hasta completar aforo