En esta cuarta entrega del artículo que aparecerá publicado el próximo mes en EPI se trata el marco legal de la colegiación: la legislación aplicable y los requisitos para la creación de un colegio.
MARCO LEGAL PARA LA COLEGIACIÓN
Legislación de referencia
La competencia en materia de Colegios Profesionales tiene carácter compartido o concurrente, correspondiéndole al Estado el establecimiento de la legislación básica y a las Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo (en el marco de esa legislación básica y siempre que hayan recogido esta competencia, claro está, en sus respectivos Estatutos de Autonomía). En definitiva: la Constitución no impone un modelo único de Colegio Profesional.
Esto es un factor que quizás no ha beneficiado la cohesión del colectivo profesional del sector documental en nuestro país. Dependiendo de cada Comunidad, existirán o no leyes de archivos, de bibliotecas, de patrimonio histórico y/o documental, leyes desiguales de asociaciones y colegios profesionales…. El panorama es variopinto según Comunidades (2).
A nivel estatal, la regulación básica sobre colegios profesionales se establece en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales. En nuestro ámbito, rige la Ley 10/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
En esta legislación se habla de los fines de los Colegios Profesionales, a saber, entre otros:
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La ordenación exclusiva del ejercicio de la profesión, promoviendo además la constante mejora, tanto de la calidad, como de los estudios.
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La representación profesional.
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La defensa de los intereses profesionales de los colegiados.
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Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la correspondiente profesión.
Requisitos de creación
La legislación autonómica madrileña señala tres importantes requisitos que se han de cumplir para poder proceder a la creación de un Colegio:
La creación de un Colegio Profesional debe hacerse mediante Ley Autonómica.
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Su ámbito territorial no podrá ser inferior al de la Comunidad de Madrid. Además, no es posible que exista en el mismo ámbito territorial más de un colegio profesional o que incluya titulaciones ya integradas en otros Colegios.
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La denominación deberá responder a la titulación o profesión de sus componentes y no podrá otorgarse una denominación similar o coincidente a la de otros anteriormente existentes o que conduzca a error.
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Debe tratarse de una profesión cuyo ejercicio esté legalmente condicionado a estar en posesión de una determinada titulación oficial.
En cuanto a la necesidad de que la creación de un colegio profesional se haga mediante Ley, en el caso de los colegios profesionales, se permite lo que se denomina “derecho de petición” y que consiste en que sean los interesados quienes soliciten que se cree un colegio profesional determinado, aportando para ello cuantas razones y fundamentos consideren adecuados. Este “derecho de petición” no obliga al Gobierno de Madrid a iniciar la tramitación.
Los extremos que debe justificar esa petición son:
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La representatividad en el sector de los profesionales solicitantes. (puesto que estamos ejerciendo un derecho de petición).
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La concurrencia de interés público suficiente que justifique la creación de un colegio profesional. (recordemos que era uno de los fines de los colegios profesionales)
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Que se trata de una profesión cuyo ejercicio está legalmente condicionado a estar en posesión de una determinada titulación oficial
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