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Anteproyecto de la Ley de Transparencia

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que va a permitir a los ciudadanos poder conocer todos los contratos adjudicados, servicios y subvenciones que se gestionan desde cualquier organismo público del Estado, como puede ser el Congreso de los Diputados y el Tribunal de Cuentas, salvo la Casa Real, que no está considerada como una parte de la Administración Pública. Se incluyen también las empresas en las que el Estado tenga una participación mínima del 50 %, como es el caso de AENA.

Se establece la norma del Buen Gobierno, por el cual se podrá inhabilitar a cargos públicos que falseen cuentas o realicen gastos sin crédito, por ejemplo. Las penas podrán llegar a ser de prisión, aunque para llegar a ello antes se tendrá que reformar el Código Penal.

Todo ciudadano tiene derecho a realizar consultas, estableciéndose un periodo de un mes, ampliable a dos meses, para la respuesta por parte de la Administración. Pero en el punto cuarto del artículo 17 se establece que “transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Por tanto, no tenemos asegurada una respuesta y, si no llega a tiempo, nunca la tendremos.

La gestión del cumplimiento de esta Ley estará en manos de la Agencia de la Transparencia, que es el nuevo nombre de la actual Agencia de Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. Toda la información será accesible a los ciudadanos a través del Portal de Internet de la Transparencia, por lo que todos tendremos acceso a los datos.

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Una respuesta

  1. No queda claro cuales es el alcance de los últimos párrafos del artículo 2

    “Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta Ley.”

    ¿los colegios profesionales se verían implicados al ejercer una función pública? ¿hasta donde alcanzaría su aplicabilidad, ya que básicamente se gestionan y financian por los propios profesionales que son personas, tanto físicas como jurídicas, privadas? ¿habría que definir las funciones públicas afectas y hasta donde alcanza el Buen Gobierno de lo privado?

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