Tanto en la Unión Europea como en nuestro país se siguen alzando voces a favor de la regulación y puesta a punto de sistemas de acceso a la información pública.
El Defensor del Pueblo Europeo ha criticado recientemente el inadecuado acceso a la información generada por la Comisión Europea. Mientras que otras instituciones comunitarias, como el Parlamento Europeo, han puesto a punto registros públicos eficaces, no ha ocurrido así en el caso de la Comisión.
En nuestro país, la Coalición Pro-Acceso, de la que forma parte esta Plataforma, es el organismo que promueve la aprobación de un texto legislativo que regule el acceso a la información pública
Recientemente tuvimos la ocasión de participar en una charla pronunciada en la sede del partido Ciudadanos por Helen Darbishire y Eva Moraga, de Access Info Europe, perteneciente a la Coalición Pro Acceso.
En esta ocasión se hizo hincapié en la dificultad que existe en España para que los ciudadanos en general puedan acceder a la información pública que obra en poder de las administraciones públicas. Muchas veces la Administración no contesta a las solicitudes de información formuladas por las personas y, cuando se interponen recursos, la resolución deniega el acceso a la información solicitada con argumentos improvisados y no fundamentados en Derecho. Esto sucede también en otros muchos países europeos.
A nivel internacional, el Consejo de Europa ha celebrado en noviembre de 2008 una Convención en la que los más de 40 países miembros parecen haberse puesto de acuerdo en la importancia de que las administraciones de cada país faciliten a sus ciudadanos el acceso a la información pública. Se trata, más bien, de una declaración de intenciones, ya que el Consejo de Europa es una institución que no tiene ninguna competencia para tomar decisiones que obliguen a los países miembros. Dentro de esta situación, la excepción parece ser el Reino Unido, porque desde el año 2005 está vigente una ley que regula el acceso de los ciudadanos a la información pública que, al parecer, está dando buenos resultados.
En España, la elaboración de una ley de este tipo forma parte del programa del PSOE de las elecciones de 2008, pero la gravedad de la crisis económica que padecemos ha impuesto nuevas prioridades y ha relegado este tema en la agenda legislativa.
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